El convenio regulador es el documento en el que se recogen los acuerdos alcanzados por las partes en un procedimiento de separación, divorcio o adopción de medidas respecto de hijos matrimoniales y no matrimoniales. Su utilización está prevista en los procedimientos tramitados de mutuo acuerdo y constituye el eje central de este tipo de procesos.
A través del convenio regulador, las partes fijan de forma consensuada las consecuencias personales y patrimoniales derivadas de la ruptura, sometiendo dichos acuerdos al control judicial para su aprobación.
Contenido del convenio regulador
Con carácter general, y sin perjuicio de otros pactos que puedan resultar necesarios en función de las circunstancias del caso, el convenio regulador debe contemplar, entre otras, las siguientes materias:
- Patria potestad y guarda y custodia de los hijos, determinando el ejercicio de la responsabilidad parental, qué progenitor ostentará la guarda y custodia, estableciendo el régimen de convivencia, estancias y comunicaciones con el progenitor no conviviente.
- Atribución del uso de la vivienda familiar y del ajuar doméstico, estableciendo quien de los progenitores debe residir en la vivienda, en lo términos que establezcan las partes.
- Pensión de alimentos y otros gastos de los hijos, incluyendo su cuantía, forma de pago, criterios de actualización y, en su caso, las garantías correspondientes.
- Pensión compensatoria, en los supuestos legalmente previstos.
- Liquidación del régimen económico matrimonial, cuando proceda.
El contenido del convenio debe responder a un análisis riguroso de la situación personal, familiar y patrimonial de las partes, evitando soluciones genéricas que puedan generar conflictos futuros.
Aprobación judicial del convenio regulador
El convenio regulador debe presentarse ante el Juzgado. Una vez admitida a trámite, las partes deberán ratificarlo personalmente ante el juez, con la finalidad de comprobar que el acuerdo ha sido alcanzado libremente y sin vicios del consentimiento.
Cuando existen hijos menores o personas con capacidad modificada judicialmente, el Ministerio Fiscal interviene en el procedimiento para velar por la protección de sus intereses. Si considera que alguno de los acuerdos resulta perjudicial para el menor, lo pondrá en conocimiento del juzgado, que podrá requerir a las partes la modificación de lo pactado. Tras estos trámites, el órgano judicial dictará resolución aprobando el convenio regulador, dotándolo de plena eficacia jurídica.
Falta de ratificación del convenio
En el supuesto de que alguna de las partes no comparezca al acto de ratificación judicial, el procedimiento de mutuo acuerdo se archivará. No obstante, el contenido del convenio podrá ser valorado como elemento probatorio en un eventual procedimiento contencioso posterior.
Importancia del asesoramiento jurídico
La redacción del convenio regulador constituye una fase clave del proceso de separación o divorcio. Un convenio técnicamente incorrecto o insuficientemente analizado puede generar conflictos posteriores, procedimientos de modificación de medidas o dificultades en su ejecución.
Por ello, resulta esencial contar con un asesoramiento jurídico especializado que permita alcanzar acuerdos equilibrados, jurídicamente sólidos y ajustados a la normativa aplicable y a las circunstancias concretas de cada caso.
